Legislació lingüística - cdlpv
Noticias Jurídicas, 21.10.2005 dv
[09:00 h] Noticias Jurídicas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Generalitat han pedido explicaciones a la Audiencia Provincial de Tarragona (APT) por negarse a aceptar la versión en catalán de un veredicto de un jurado popular. La Sala de Gobierno del TSJC ha pedido al presidente de la Audiencia de Tarragona, Antonio Carril, una copia de la queja presentada ante la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat por parte de un miembro de un jurado popular por traducirse al castellano el veredicto.
Los hechos tuvieron lugar el sábado 1 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia en un juicio por homicidio. Los miembros del jurado habían estado deliberando durante toda la mañana y hacia el mediodía tuvieron listo su veredicto, que escribieron a mano y en catalán. El portavoz del jurado lo dio al secretario, pero se lo tuvo que traducir al castellano mientras el funcionario judicial lo transcribía a máquina. Uno de los jurados se opuso rotundamente al cambio de lengua y exigió entregar sólo la copia en catalán. Sin embargo, el secretario se negó a ello alegando que el veredicto tenía que "ir a Madrid", por lo que obligatoriamente tenía que estar escrito en castellano.
Según la queja interpuesta ante la Oficina de Garantías Lingüísticas de Tarragona el pasado martes, el secretario también se opuso a adjuntar una copia en catalán porque "nunca se ha hecho un veredicto en catalán". Finalmente, y tras hablar con la juez, quien también se habría opuesto a la versión catalana, el último de los jurados también firmó el texto, "por respeto" a los demás miembros del jurado.
Tanto de Departamento de Justicia como Política Lingüística consideran que la actitud de la juez y el secretario son "una clara vulneración" de los derechos lingüísticos y "atentan contra el derecho, que el marco legal ampara, a utilizar el catalán en las actuaciones judiciales". La Generalitat calificó los hechos de "muy graves" y recordó que la Ley de Política Lingüística garantiza el uso de las dos lenguas oficiales en los tribunales sin que se pueda exigir una traducción. Además, también hizo mención a la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, firmadas por el Estado español en 2001 que reconoce este mismo derecho.