Legislació lingüística - cdlpv
Levante, 22.03.2005
Julia Ruiz, Valencia
El Consell aprobó hace casi año y medio un decálogo de medidas que pretendía impulsar el uso del valenciano en la Administración. El acuerdo —conocido como declaración de Ares del Maestre— incluía el compromiso de que los funcionarios de la Generalitat que atienden directamente a los ciudadanos deberían iniciar la comunicación en valenciano y sólo cambiarían al castellano si los ciudadanos lo pedían expresamente. El Consell implicó también en este compromiso a los altos cargos y anunció la puesta en marcha de unos cursos para mejorar su conocimiento del valenciano.
Un estudio realizado por el STAPV-Intersindical Valenciana sobre el requisito lingüístico en la Administración deja en evidencia los compromisos del Ejecutivo valenciano sobre el uso de la lengua en la Generalitat. Según este informe, el Consell sólo exige tener conocimiento del valenciano a menos del 3% de los empleados con trato directo el público.
El sindicato hizo un recuento de la relación de puestos de trabajo publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en las fechas en las que el Consell adquirió el compromiso y el resultado es sorprendente. De los cerca de 4.749 funcionarios que por su puesto han de relacionarse con el ciudadano (ya sea presencial o telefónicamente) solamente 134 tuvieron que acreditar que conocían el valenciano para acceder al mismo. Es decir, sólo un porcentaje del 2,8%. En la mayoría de los casos, el requisito lingüístico exigido es del grado elemental. La conselleria de Educación y Cultura es el departamento que más funcionarios tiene que trabajan de cara al público. Cabe apuntar que el sindicato tuvo en cuenta también las plazas de subalternos y auxiliares de gestión de colegios e institutos. Según las cifras que maneja el sindicato, son 3.305 puestos, mientras que sólo se exige el valenciano a 31. En Bienestar Social, por poner otro ejemplo, habría 766 plazas cuyo cometido obliga a relacionarse con el público, aunque sólo 4 puestos tienen el requisito lingüístico.
En el recuento están excluidos los técnicos de normalización lingüística y los asesores lingüísticos cuyos puestos por lógica requieren el conocimiento del valenciano. La última relación de puestos de trabajo publicada el año pasado en el DOGV no ha introducido cambios a este respecto. Desde el STAPV se aboga por extender el requisito lingüístico por toda la administración. En todo caso, consideran que la mayoría de los trabajadores de la Generalitat están en posesión del certificado de alguno de los niveles de la Junta Qualificadora por lo que «exigir el requisito es casi una tautología».«Ya lo tienen y en muchos casos en un nivel superior al que se les pide», manifiesto el responsable del sindicato Adel Francés. Para el STAPV el Consell debería pedir el nivel oral a todos los subalternos, el elemental a los auxiliares y el mitjà y el superior según las características específicas de cada puesto. «Es sorprendente que la conselleria del portavoz del Gobierno no pida el requisito lingüístico a ningún periodista o que el IVAJ sólo lo requiera en un puesto», considera el sindicato.
El grupo de EU-L'Entesa en las Cortes anunció recientemente la presentación de una proposición de ley para que el Consell exija el valenciano a todos los empleados que atienden al ciudadano.