Legislació lingüística - cdlpv

Levante, 15.05.2003

El TSJ desestima el recurso de UV y legitima la composición de la Academia

Se basa en aspectos formales y no valora el currículum de los miembros

A. G., Valencia

La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de la Plataforma Normes del Puig -capitaneada por Unión Valenciana- contra la composición de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La organización denunciante entendía que no está acreditada la «competencia científica y académica» de los 21 académicos. La sentencia, hecha pública ayer, no entra a valorar estos argumentos y se queda en lo formal, al considerar que la responsabilidad de la elección recayó en las Cortes y no en la Presidencia de la Generalitat.

El documento recurrido, sin embargo, es el decreto de 27 de junio de 2001 del presidente de la Generalitat de nombramiento de los 21 académicos. La sala dice de este que fue «un acto reglado por imperativo legal», ya que la ley de creación de la AVL establece que era el Parlamento el competente para proponer los 21 miembros de la autoridad lingüística.

De esta forma, señala el tribunal, el jefe del Consell no podía «cuestionar el procedimiento seguido por el Legislativo» ni fiscalizarlo o discrepar de él, pues la ley de la Acadèmia le daba 15 días después de la elección por las Cortes para realizar por medio de decreto el correspondiente nombramiento.

Así, «la revisión jurisdiccional [del decreto] tendrá que limitarse a su tenor formal [É] sin poder entrar a considerar la actuación parlamentaria que la causa», afirma. Esta, la resolución de la Cámara es «firme e inatacable», continúa el TSJ, ya que la Plataforma Normes del Puig no la impugnó en su momento, tras publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

La sala de lo contencioso-administrativo no valora tampoco si el acuerdo del Parlamento autonómico hubiera podido ser fiscalizado judicialmente. Juristas consultados por este diario explicaron que los actos de la Cámara pueden ser objeto de recurso jurídico cuando tienen un carácter administrativo, como consideraron que ocurre con el acuerdo para la composición de la AVL, ya que las Cortes ejercieron a modo de tribunal de selección de los académicos. De esta manera, coincidieron con la sentencia -escrita en valenciano oficial- en que el decreto posterior de Presidencia del Consell era un «acto debido» determinado por la ley.