Levante, 23.07.2002

Sus miembros no han obtenido el respaldo de los «bandos» de los que proceden. La entidad ha logrado una normativa oficial, pero se ha mostrado permeable a presiones políticas en su primer año

La Acadèmia no consolida sus cimientos

 

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) cumple hoy su primer año desde su constitución, un período en el que ha obtenido hitos importantes, como el establecimiento de una normativa oficial que respeta los criterios sobre el valenciano reconocidos internacionalmente, pero en el que no ha logrado asentarse por entero en la sociedad valenciana. Sectores de ésta, de uno y otro sector lingüístico, mantienen sus reticencias, marcadas por la dependencia política del ente.

Alfons Garcia, Valencia

Una mañana radiante del 23 de julio de 2001, el entonces presidente de la Generalitat reunía en el salón de Cortes del Palau de la Generalitat a las 21 personas pactadas con el PSPV -presumiblemente expertas en materia lingüística- para, con todo el boato y la formalidad requerida, constituir la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que debía poner el lacre al enquistado conflicto lingüístico. Un año después, la institución proyecta algunas luces y bastantes sombras.

Aunque pueda sonar ridículo a un vecino del otro hemisferio, el primer gran logro de la Acadèmia ha sido sentar en una misma mesa a dos grandes desconocidos, los representantes de sectores enfrentados durante décadas. Además, el diálogo y la voluntad de encuentro han sido las situaciones más normales entre ambos en este tiempo.

Tal vez uno de los grandes fracasos de este año es, no obstante, que los colectivos a los que teóricamente representaban un buen grupo de académicos -la nominación era personal- han marcado las distancias con respecto a éstos. La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), principal defensora de las secesionistas Normas del Puig, tardó poco en alejarse de los planteamientos que su ex decano, Xavier Casp (quien tuvo que salir de la sede escoltado por la policía al poco de aceptar un sillón en la Acadèmia), y otros miembros firmaban en la AVL, la cual nunca ha puesto en entredicho -lo dice la propia ley de creación- que la base eran las Normes del 32 consolidadas.

Por el otro lado, la Universitat de València -en especial, el departamento de Filologia Catalana- no ha variado en este tiempo sus reticencias hacia la Acadèmia. Incluso se puede decir que las ha aumentado: ahí está la reciente carta enviada por el departamento (que ha presidido hasta ahora la académica Carme Barceló) a los miembros del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) que están en la AVL para que defiendan con firmeza la unidad de la lengua.

La vía de diálogo abierta permitió en los primeros meses de trabajo reducir la resonancia del conflicto lingüístico. La inclinación del gobernante PP -ex socio de gobierno de la formación representante del secesionismo lingüístico- por la vía de las Normes de Castelló y el respaldo de los canales informativos a esta línea ayudó a crear una sensación social de serenidad lingüística y a dejar en poco más de un reducto a los contrarios a esa dirección.

La Acadèmia superó con soltura -saboreando los márgenes de ambigüedad que esconde el lenguaje- trabas colocadas por el Gobierno autonómico, como la exclusión de autores no nacidos en la Comunidad de los curricula de valenciano, y consiguió su posiblemente mayor éxito con el documento del 25 de marzo de este año que declara oficial la normativa utilizada por la conselleria de Educación desde 1983 hasta ese momento. O sea, las normas reconocidas por la romanística internacional.

Pero una grieta de desprestigio se abrió justo al día siguiente. En los últimos meses, la institución no ha sabido reflejar su independencia, más bien al contrario, y se ha mostrado a los pies de los poderes políticos. El Consell, considerando posiblemente que convenía nivelar la balanza lingüística tras el acuerdo del 25 de marzo, se sacó de la manga una lista de palabras «genuinas» valencianas que arregló después en los despachos de San Miguel de los Reyes, utilizó la oficialización de éstas para intentar imponerlas en el lenguaje de la Administración, vetó el título de Filologia Catalana -el único con reconocimiento oficial para los estudios universitarios de valenciano- para obtener el requisito lingüístico y respaldó la idea de modificar la definición de valenciano de la Real Academia Española. Tuvo de su lado a la presidenta, Ascensión Figueres, y la AVL descubrió el camino de la división.

 

 

Los emolumentos de los subsecretarios

- Zaplana metió un explosivo en el caramelo que regaló a los académicos minutos antes de que juraran su cargo. El ex jefe del Consell les expresó que quería que cobraran un sueldo, el cual debería ser el correspondiente al del rango de subsecretario de la Administración autonómica que anunció que les otorgaba en un comunicado de prensa (unos 56.000 euros anuales).

- Ese rango, que fue reiterado en la ceremonia de constitución del ente, no ha quedado después reflejado en un decreto. Pero las noticias de que la pretensión era colocar una remuneración tan elevada a los académicos levantó las primeras agresiones verbales contra la institución.

- La cordura reinó al final y los miembros de la AVL elaboraron un proyecto de reglamento -el Consell aún no lo ha aprobado, aunque se considera que este trámite es inminente- que restringe el cobro de salarios a la presidenta y el secretario, aunque deja la puerta abierta a que otros académicos también lo tengan previa aprobación del pleno. Los demás, sólo compensaciones por asistencia.

- Como el reglamento se retrasaba, la Acadèmia aprobó -casi de tapadillo- un complemento para que Figueres alcanzara los ingresos de consellera.