Legislació lingüística - cdlpv -

Sentències de Xixona i de Vinaròs.

Introducció a la sentència del TSJ valencià sobre la valoració dels llocs de treball i l'assignació de nivells de valencià a Ontinyent

És inútil sentir-se ferit en l'orgull o en la dignitat i, en justa correspondència, deixar-se dur pel cabreig que pot provocar la lectura de determinats texts, tant legislatius com jurídics. Per això, considerem més convenient aprofitar les lliçons literals que es desprenen de les sentències del TSJ.

Aquestes sentències, a banda de la intencionalitat restrictiva i ideològicament condicionada pel que fa a les obligacions i drets lingüístics, permeten prevenir els procediments que caldrà seguir per a aconseguir, amb esforç i rigor, el que hauria de ser simple i conseqüència de la igualtat establida en la Constitució espanyola. I encara que això no és així, no és qüestió de deixar-ho estar.

Una altra volta, a més de les cavil·lacions sobre si la llengua pròpia ha de ser mèrit o no, la sentència té un únic fragment aprofitable per a la tasca futura dels tècnics lingüístics: "El requisit de què es tracta deu estar justificat amb precisió en les corresponents classificacions dels llocs de treball i consignat en la relació de llocs, de manera que, considerades les concretes funcions dels llocs i la incidència directa i immediata de la seva prestació en la població valencianoparlant, puga apreciar-se'n la necessitat per raó de la mateixa prestació del servei públic". I poques més indicacions fan falta: justificar amb precisió i detall respecte de les funcions dels llocs i la situació sociolingüística. És a dir, res de nou.

Finalment, no entrarem a valorar les pressuposicions que es desprenen de la lectura completa de la sentència, però ens quedarem amb una afirmació que sembla tindre validesa general: "acreditar el coneixement de la llengua pròpia de la comunitat autònoma per a poder participar en les convocatòries d'accés a la funció pública no és, en si mateix considerada i en tot cas, contrària al dret d'igualtat ni, tampoc, als principis de mèrit i capacitat". Això és el que compta.

SENTENCIA N.º 111/2003

Secretario de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, CERTIFICO: Que en los autos de que luego se hace mención se ha dictado la resolución que copiada a la letra dice:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Segunda

SENTENCIA N.º 111/2003

Presidente
D. Mariano Ferrando Marzal

Magistrados
D. José Martínez-Arenas Santos
D. Francisco Hervás Vercher

En Valencia a treinta y uno de enero de dos mil tres.

Visto el recurso interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios [C.S.I.- C.S.I.F.], representada por la procuradora Sra. García Darías y defendida por el Letrado Sr. Martínez Roda, contra los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Onteniente de 25 de mayo de 2000, aprobatorio de la valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento y de 22 de junio de 2000, sobre asignación de niveles de valenciano, habiendo sido parte demandada el ayuntamiento de Onteniente, representado por el Procurador Sr. Just Vilaplana y defendido por el Letrado.

Ha sido ponente el magistrado D. José Martínez-Arenas Santos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara sentencia declarando nulos de pleno derecho los actos impugnados, quedando suprimido el requisito de conocimiento de valenciano del catálogo.

SEGUNDO.- El ayuntamiento contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se desestimara la misma por ser los actos impugnados dictados conforme a derecho.

TERCERO.- No se recibió el proceso a prueba y quedaron los autos pendientes de votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 30 de enero de 2.003, teniendo lugar la misma el citado día.

QUINTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del recurso lo constituye el examen de la legalidad de la resolución impugnada en virtud de la cual el Ayuntamiento de Onteniente procedió a aprobar la valoración de los puestos de trabajo y a asignar los niveles de valenciano.

La parte recurrente alega en defensa de su pretensión que el requisito del valenciano se exige en todos los puestos del ayuntamiento, lo cual infringe la Ley 4/83 y la Ley de la Función Pública Valenciana.

El ayuntamiento opone a ello la conformidad a derecho de los actos recurridos por los propios fundamentos de los mismos.

SEGUNDO.- Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema planteado en este recurso en diversas ocasiones y siempre ha mantenido la misma postura, que no es otra que la plasmada en las disposiciones legales vigentes, especialmente la Ley de la Función Pública Valenciana, la Ley 4/83 y los arts. 14 y 23.3 de la Constitución.

En la Sentencia de 10 de junio de 2000, dictada en el recurso nº 3.648/97 sobre caso similar al presente [se diferenciaba sólo en que la materia era la convocatoria de acceso a plazas de funcionarios; la de éste los niveles de valenciano exigibles a cada puesto], se declaró que la configuración del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad como requisito de acceso a la función pública no es, por sí mismo, discriminatorio ni, por tanto, contrario al derecho fundamental de igualdad en el acceso a la función pública, conforme a los principios de mérito y capacidad, cuando responda a las exigencias del desempeño de determinados puestos que, por su relación directa e inmediata con los ciudadanos, requieran el conocimiento de la lengua usada por los mismos. No obstante y con carácter general, su consideración debe ser como mérito como, reiteradamente, ha indicado esta Sala siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional y a la vista de las previsiones legislativas autonómicas. El requisito de se [sic] trata debe estar justificado con precisión en las correspondientes clasificaciones de los puestos de trabajo y consignado en la relación de puestos, de modo que, consideradas las concretas funciones de los puestos y la incidencia directa e inmediata de su prestación en la población valenciano-parlante, pueda apreciarse su necesidad por razón de la propia prestación del servicio público. Lo cual, de ser así y constar establecido justificadamente en la correspondiente clasificación de los puestos, no implicaría la infracción de precepto constitucional o legal alguno. En definitiva, la necesidad de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma para poder participar en las convocatorias de acceso a la función pública no es, en sí mismo considerada y en todo caso, contraria al derecho de igualdad ni, tampoco, a los principios de mérito y capacidad, pero su exigencia generalizada, sin concreta justificación por razón de la prestación de las funciones asignadas a cada puesto, sí conculca, en cambio, tal derecho fundamental.

En el caso enjuiciado en esa sentencia, el acuerdo impugnado se declaró nulo respecto de la exigencia del requisito del conocimiento acreditado del valenciano, no como mérito sino como condición de aptitud para poder participar en los correspondientes procedimientos selectivos, quedando así vinculadas a su cumplimiento las consiguientes convocatorias, sin la necesaria e ineludible justificación de la introducción de un requisito de acceso a la función pública, cuya omisión determinaba su nulidad.

TERCERO.- En el caso presente, el acuerdo recurrido fija como requisito para el desempeño de todos y cada uno de los puestos de trabajo del ayuntamiento, funcionariales y laborales, incluidos los de habilitación de carácter nacional, la titulación en valenciano en sus distintos niveles, decreciente desde el superior según el rango administrativo del funcionario o personal. En aplicación de la anterior doctrina de la Sala, reiterada en todos los casos planteados, no cabe sino declarar nulos los actos recurridos por ser contrarios a disposiciones legales, pudiendo la administración local demandada proceder a fijar el nivel de conocimiento de valenciano adecuado para el desempeño de todos aquellos puestos que estime necesario el conocimiento de la lengua propia.

CUARTO.- No se aprecia temeridad o mala fe que, conforme al art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justifique la expresa imposición de las costas en esta instancia.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación.

F A L L A M O S

Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios [C.S.I.-C.S.I.F.] contra los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Onteniente de 25 de mayo de 2000, aprobatorio de la valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento y de 22 de junio de 2000, sobre asignación de niveles de valenciano, actos administrativos que se declaran nulos por ser contrarios a derecho. No se hace expresa imposición de costas.

A su tiempo, con certificación literal de la presente sentencia, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.