Legislació lingüística - cdlpv

Introducció

El marc ideal —i esmentat per la jurisprudència— de fixació del requisit lingüístic és el catàleg de llocs de treball de la corporació, per la qual cosa és a l'hora de redactar-lo quan convé fer l'esforç d'establir el perfil lingüístic de cada lloc.

Tot i això, si encara no s'ha fixat així en el catàleg, convé que la corporació, de manera prèvia a les convocatòries de provisió de places, elabore uns informes en els quals s'estudien les places concretes que s'han de cobrir. No solament s'ha de pensar que la plaça estiga a la plantilla i pressupostada; s'ha de pensar, també, que és necessària la sol·licitud d'un cert coneixement lingüístic.

Aquests informes han de destacar i valorar, de manera succinta, els motius que justifiquen l'exigència de coneixements lingüístics als futurs membres de l'administració local en el marc de la normalització lingüística a l'àmbit local.

Així, es poden trobar prou arguments a partir de la situació sociolingüística del municipi, en el compliment dels mandats constitucionals i estatutaris relatius a la declaració d'oficialitat del valencià, en el reconeixement del valencià com a llengua pròpia de la corporació, en les funcions administratives que ha de desenvolupar el futur funcionari, en el perfil de la plaça, etc., la qual cosa pot ajudar a evitar la presentació de recursos i donarà arguments als tribunals perquè accepten les decisions locals normalitzadores.

En definitiva, en aquests informes s'ha de demostrar la voluntat ferma de l'ajuntament de complir les prescripcions constitucionals i estatutàries. Es tracta de complir el mandat constitucional i estatutari del qual deriven obligacions i deures contrets, donada l'aplicabilitat directa de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.

L'informe que vos presentem a continuació va ser redactat l'any 1996 per la tècnica lingüística de l'Ajuntament de Silla. Aquest informe va ser requerit pel Defensor del Poble espanyol arran d'una queixa per la inclusió d'una prova lingüística —referida a una de les llengües oficials: el català— de caràcter obligatori i eliminatori en unes oposicions de policia local.

El Defensor, tot i que va mostrar el seu desacord amb el criteris defesos en el contingut de l'informe, va decidir arxivar la queixa.

L'informe va ser enviat en castellà, atés que la relació entre administracions obliga —en el cas de documentació que ha de tenir un efecte fora del territori on el català és oficial—, a carregar la tasca de traducció al castellà a l'administració que emet el document, o així ho pot requerir l'administració que reclama el document, cosa que efectivament va fer el Defensor del Poble.

Informe al Defensor del Poble espanyol sobre la prova obligatòria i eliminatòria de valencià en les oposicions de l'Ajuntament de Silla (1996)

Con fecha 2 de agosto de 1995 tuvo entrada en este Ayuntamiento su escrito de fecha 26 de julio de 1995, expediente Q9317465, área 1, en el que se señalaba que el escrito de 8 de junio de 1995 remitido por este Ayuntamiento no cumplía los requisitos exigibles, por lo que se procedía a la devolución de la documentación recibida y se requería de la Alcaldía de esta corporación un nuevo informe en el que la corporación se pronuncie de forma clara y manifiesta sobre el fondo de la resolución de 27 de diciembre de 1994.

Por todo ello, esta Alcaldía, con el fin de salvar las irregularidades formales y al objeto de cumplir los artículos 19.1 y 30.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, remite el informe requerido, no sin plantear una discrepancia respecto a su posición (escrito de 27 de diciembre de 1994).

Así pues, de acuerdo con dichos antecedentes, se emite el siguiente informe:

En su escrito de 27 de diciembre de 1994, en la consideración sexta, después de analizar parte de la legislación aplicable en el caso que nos ocupa, literalmente se expone: "... entendemos que dicho Decreto 152/1991 es directamente aplicable a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, sin que puedan acogerse las alegaciones en contra formuladas por ese Ayuntamiento ..."

Uno de los argumentos en que se basa dicha consideración, siempre según su escrito de 27 de diciembre de 1994, es que a pesar de lo dispuesto en el artículo 22.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, "ello no implica que las bases que apruebe la corporación para cubrir plazas de policía local deban de ajustarse exclusivamente a las reglas básicas y programas mínimos regulados en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por cuanto este mismo real decreto en su disposición adicional tercera dispone que la selección de los funcionarios de los cuerpos de la policía local se regirá por lo dispuesto en dicho texto legal en cuanto no se oponga a sus normas específicas, que no son otras que la Ley 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordinación de Policía Locales, el Decreto 152/1991, de 29 de agosto, del Consejo de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen las bases y criterios uniformes para la selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, escala básica, y la Orden de la Conselleria de Administración Pública por la que se desarrolla el citado Decreto 152/1991."

Pues bien, esta corporación, al establecer en las bases de la convocatoria en cuestión un ejercicio de valenciano obligatorio y eliminatorio, con una puntuación entre 0 y 10 puntos, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), según el cual las corporaciones locales tienen la competencia exclusiva en relación con la potestad de autoorganización, es decir, en lo que a la función pública se refiere.

Asimismo, el artículo 22.2.i de la LRBRL concreta esta provisión entendiendo que corresponde al pleno de los ayuntamientos la aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. Además, según el artículo 23.b de la LRBRL estas facultades no son delegables.

No cabe duda que en el Decreto 152/1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, se establecen las bases y los criterios uniformes para la selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, escala básica, pero este Ayuntamiento entiende que siguiendo estrictamente dicho decreto, por lo que se refiere al ejercicio de valenciano, no garantiza el uso de las dos lenguas oficiales.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en la STC 214/1989, de 21 de diciembre, sobre la LRBRL (FJ26), literalmente afirma que en la medida que las administraciones locales forman parte de la comunidad autónoma con dos lenguas oficiales, las corporaciones locales "deben atender igualmente la obligación de garantizar el uso de las lenguas oficiales para los ciudadanos... De ahí que corresponda también a las citadas administraciones, en el ejercicio de sus competencias, atender expresamente al mandato normativo de garantizar el uso de las dos lenguas oficiales, sin que la administración autonómica, al socaire de esa exigencia, pueda pretender asegurar su efectivo cumplimiento, asumiendo por ello unas competencias que no solo no le corresponden, sino que en última instancia desplazarían o mediatizarían a las entidades locales en el ejercicio responsable —es decir, autónomo— de las que le son propias."

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional entendía que la autonomía local implicaba al mismo tiempo una cierta responsabilidad, en el sentido de que si el pleno de la corporación es el órgano encargado de dictar las bases de las convocatorias, suya será también la responsabilidad de haber incluido ejercicios que permitan evaluar la competencia lingüística de los aspirantes a una plaza en la entidad local que corresponda.

El Tribunal Constitucional, pues, ha entendido que las comunidades autónomas no pueden desplazar o mediatizar las competencias de las entidades locales. A éstas les corresponde "atender expresamente al mandato normativo de garantizar el uso de las dos lenguas oficiales." Las entidades locales "en la medida que también estas forman parte de la comunidad autónoma bilingüe, deben atender, igualmente, la obligación de garantizar el uso de las lenguas oficiales por los ciudadanos."

Por otra parte, según el artículo 102 de la LRBRL, un acuerdo del pleno con la intención de querer hacer uso del valenciano es suficiente para exigir el máximo de puntuación permitida.

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Silla, en la sesión ordinaria del día 29 de junio de 1993, acordó aprobar las bases generales para la selección del personal al servicio de las entidades locales de la Comunidad Valenciana, aprobadas por la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Administración Pública, por resolución de 1 de diciembre de 1992, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 1.926, de 17 de diciembre de 1992, i en el Boletín Oficial de la Provincia número 9, de 12 de enero de 1993, con tres modificaciones, una de las cuales hace referencia a la base 9, oposición, que dice:

"Base 9. Oposición
9.1.1 En todas las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, tanto de personal fijo como laboral, se deberá realizar un ejercicio obligatorio y eliminatorio sobre conocimiento del valenciano, que puntuará hasta un máximo de 10 puntos.
El conocimiento del valenciano exigible será proporcional al nivel de la plaza que se tenga que cubrir, de acuerdo con el que preceptúa el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 28 de febrero de 1992."

Las justificaciones de la acreditación lingüística en lo referente a la administración pública se basan en la obligación de servir al interés público que tiene la administración pública (artículo 103 de la Constitución).

Las entidades locales "tienen que estar en condiciones de garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse a ellas utilizando el valenciano con normalidad."

Es un principio dentro de la administración pública que ésta tiene que ser eficaz y eficiente y para serlo no existe otra manera que poder desarrollar su actividad en todas las lenguas de la comunidad.

La administración pública cuando seleccione a su personal deberá hacerlo entre las personas más competentes, las más capacitadas. Siempre es más competente la persona que conoce más de una lengua.

Se debe tener en cuenta, también, el grado de conocimiento necesario, que dependerá siempre de la actividad administrativa que se haya de realizar, es decir, del puesto de trabajo al que esté destinado el funcionario, que condicionará el nivel de conocimiento exigido.

En relación con todo esto, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 20 de noviembre de 1989 (Sala 3a, Sección 5a), permite la exigencia de conocimientos lingüísticos, con carácter eliminatorio, en las entidades locales (en concreto, considera procedente un ejercicio obligatorio y eliminatorio de eusquera para una plaza de técnico superior de la administración de personal).

En la STS de 17 de mayo de 1991 (Sala 3a), el Tribunal Supremo entiende que la cooficialidad lingüística supone, en ciertos casos, la necesidad de que determinados funcionarios hayan de ser bilingües, como ocurre con los policías locales, por su trato directo con los vecinos. La exigencia del conocimiento de ambas lenguas oficiales en la zona en que se sitúa el municipio, constituye una lícita condición para estimar el bilingüismo que encaja en la línea marcada por el Tribunal Constitucional (Sentencia de 26 de junio de 1986), y no supone una discriminación arbitraria y irrazonable sino una aplicación del artículo 30 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el legislador o la administración (la corporación local) dotarán de contenido, con un amplio margen de libertad, los conceptos indeterminados de mérito y capacidad (STC 50/1986, de 23 de abril, FJ 4; STC 193/1987, FJ4).

La STS de 20 de noviembre de 1989, considera que la prueba obligatoria y eliminatoria es un requisito de capacidad y admisible en un supuesto de un cuerpo general. La prueba, pues, se puede considerar adecuada en las oposiciones y concursos oposiciones en la primera fase de oposición, entre las pruebas eliminatorias. Sobre esta cuestión se ha pronunciado favorablemente el Tribunal Constitucional en la STC 46/1991, FJ2, sin que produzca ningún tipo de discriminación.

Así pues, teniendo en cuenta todo lo que antecede, el parecer del Ayuntamiento de Silla fue que basándose estrictamente en el Decreto 152/1991, en relación con el ejercicio de valenciano, no garantizaba que los ciudadanos puedan ser atendidos en valenciano, violaba el principio de eficacia y eficiencia dentro de la administración pública, y el de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, porque en el caso de que la prueba fuese obligatoria pero no eliminatoria todos los aspirantes deberían realizarla, pero no tendría ninguna relevancia que se superase o se suspendiese. Podía, y puede, darse el caso de que no se conozca la lengua propia del Ayuntamiento (lengua propia según el artículo 2 del Reglamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Silla) y se obtenga la plaza.

Lo que pretendió y pretende el Ayuntamiento al considerar el ejercicio de valenciano obligatorio y eliminatorio y calificado de 0 a 10 puntos, no es otra cosa que garantizar el principio de mérito y capacidad para el acceso a la función pública (artículo 103 de la Constitución), en un municipio valencianohablante y en un ayuntamiento donde la lengua propia es el valenciano, sin que ello suponga un obstáculo para acceder a la función pública para las personas que no tengan conocimientos de valenciano, ya que el mismo principio de mérito y capacidad supone la carga, para quien quiera acceder a una determinada función pública, de acreditar las capacidades, conocimientos y idoneidad exigibles para la función a que se aspira (STC 46/1991, de 28 de febrero).

La razón para valorar el conocimiento de valenciano como obligatorio y eliminatorio, con un nivel de exigencia elemental, en este caso, se justifica por diferentes motivos. En primer lugar, cabe citar el carácter del valenciano como lengua de la administración, junto con el castellano; que son válidas y eficaces las actuaciones administrativas hechas en valenciano y que los particulares disfrutan del derecho de usar el valenciano en las relaciones con la administración; además, se trata de un requisito justificado y equitativo también en función de la propia eficacia de la administración, por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de valenciano, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la administración, teniendo en cuenta el carácter oficial del valenciano en la Comunidad Valenciana y la extensión del uso del valenciano en el municipio de Silla.

No se trata, tampoco, de un caso en que se utilice la exigencia del conocimiento del valenciano de manera desproporcionada si tenemos en cuenta que el nivel exigido, como se ha dicho anteriormente, es el elemental, es decir, un nivel básico.

De conformidad, pues, con todo lo que se ha dicho anteriormente, podemos deducir que el pleno de las corporaciones es el responsable de la aplicación y seguimiento de la política de normalización en las bases de las convocatorias de plazas de la administración local y es el que, según el Tribunal Constitucional, ha sido llamado a ser el responsable porque, como ha resaltado dicho tribunal respecto de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, "no es competencia de la comunidad autónoma, sino que es competencia de la administración local y ésta tiene que ser consciente de ello y tiene que ser, debido a su autonomía, la responsable."

Por todo ello, esta corporación considera que su actuación al aprobar las bases de la convocatoria aquí en cuestión, no supuso una vulneración de ningún precepto, como se intenta demostrar a lo largo de todo este escrito, sino que, al contrario, la corporación garantiza, de este modo, los principios constitucionales de publicidad, mérito, capacidad e igualdad que deben regir el acceso a la función pública.

Esperando que este informe cumpla el requerimiento efectuado a esta corporación, le saludo atentamente,

Silla, 19 de enero de 1996