Levante, 23.07.2002
Sus miembros no han obtenido el respaldo de los «bandos» de los que
proceden. La entidad ha logrado una normativa oficial, pero se ha mostrado
permeable a presiones políticas en su primer año
La Acadèmia no consolida sus cimientos
La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) cumple hoy su
primer año desde su constitución, un período en el que ha obtenido hitos
importantes, como el establecimiento de una normativa oficial que respeta los
criterios sobre el valenciano reconocidos internacionalmente, pero en el que no
ha logrado asentarse por entero en la sociedad valenciana. Sectores de ésta, de
uno y otro sector lingüístico, mantienen sus reticencias, marcadas por la
dependencia política del ente.
Alfons Garcia, Valencia
Una mañana radiante del 23 de julio de 2001, el entonces presidente de
la Generalitat reunía en el salón de Cortes del Palau de la Generalitat a las
21 personas pactadas con el PSPV -presumiblemente expertas en materia
lingüística- para, con todo el boato y la formalidad requerida, constituir la
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que debía poner el lacre al enquistado
conflicto lingüístico. Un año después, la institución proyecta algunas luces y
bastantes sombras.
Aunque pueda sonar ridículo a un vecino del otro hemisferio, el primer
gran logro de la Acadèmia ha sido sentar en una misma mesa a dos grandes
desconocidos, los representantes de sectores enfrentados durante décadas.
Además, el diálogo y la voluntad de encuentro han sido las situaciones más
normales entre ambos en este tiempo.
Tal vez uno de los grandes fracasos de este año es, no obstante, que
los colectivos a los que teóricamente representaban un buen grupo de académicos
-la nominación era personal- han marcado las distancias con respecto a éstos.
La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), principal defensora de las
secesionistas Normas del Puig, tardó poco en alejarse de los planteamientos que
su ex decano, Xavier Casp (quien tuvo que salir de la sede escoltado por la
policía al poco de aceptar un sillón en la Acadèmia), y otros miembros firmaban
en la AVL, la cual nunca ha puesto en entredicho -lo dice la propia ley de
creación- que la base eran las Normes del 32 consolidadas.
Por el otro lado, la Universitat de València -en especial, el
departamento de Filologia Catalana- no ha variado en este tiempo sus
reticencias hacia la Acadèmia. Incluso se puede decir que las ha aumentado: ahí
está la reciente carta enviada por el departamento (que ha presidido hasta
ahora la académica Carme Barceló) a los miembros del Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana (IIFV) que están en la AVL para que defiendan con
firmeza la unidad de la lengua.
La vía de diálogo abierta permitió en los primeros meses de trabajo
reducir la resonancia del conflicto lingüístico. La inclinación del gobernante
PP -ex socio de gobierno de la formación representante del secesionismo
lingüístico- por la vía de las Normes de Castelló y el respaldo de los canales
informativos a esta línea ayudó a crear una sensación social de serenidad
lingüística y a dejar en poco más de un reducto a los contrarios a esa
dirección.
La Acadèmia superó con soltura -saboreando los márgenes de ambigüedad
que esconde el lenguaje- trabas colocadas por el Gobierno autonómico, como la
exclusión de autores no nacidos en la Comunidad de los curricula de valenciano,
y consiguió su posiblemente mayor éxito con el documento del 25 de marzo de
este año que declara oficial la normativa utilizada por la conselleria de
Educación desde 1983 hasta ese momento. O sea, las normas reconocidas por la
romanística internacional.
Pero una grieta de desprestigio se abrió justo al día siguiente. En
los últimos meses, la institución no ha sabido reflejar su independencia, más
bien al contrario, y se ha mostrado a los pies de los poderes políticos. El
Consell, considerando posiblemente que convenía nivelar la balanza lingüística
tras el acuerdo del 25 de marzo, se sacó de la manga una lista de palabras
«genuinas» valencianas que arregló después en los despachos de San Miguel de
los Reyes, utilizó la oficialización de éstas para intentar imponerlas en el
lenguaje de la Administración, vetó el título de Filologia Catalana -el único
con reconocimiento oficial para los estudios universitarios de valenciano- para
obtener el requisito lingüístico y respaldó la idea de modificar la definición
de valenciano de la Real Academia Española. Tuvo de su lado a la presidenta,
Ascensión Figueres, y la AVL descubrió el camino de la división.
Los emolumentos de los subsecretarios
- Zaplana metió un explosivo en el caramelo que regaló a los
académicos minutos antes de que juraran su cargo. El ex jefe del Consell les
expresó que quería que cobraran un sueldo, el cual debería ser el
correspondiente al del rango de subsecretario de la Administración autonómica
que anunció que les otorgaba en un comunicado de prensa (unos 56.000 euros
anuales).
- Ese rango, que fue reiterado en la ceremonia de constitución del
ente, no ha quedado después reflejado en un decreto. Pero las noticias de que
la pretensión era colocar una remuneración tan elevada a los académicos levantó
las primeras agresiones verbales contra la institución.
- La cordura reinó al final y los miembros de la AVL elaboraron un
proyecto de reglamento -el Consell aún no lo ha aprobado, aunque se considera
que este trámite es inminente- que restringe el cobro de salarios a la
presidenta y el secretario, aunque deja la puerta abierta a que otros
académicos también lo tengan previa aprobación del pleno. Los demás, sólo
compensaciones por asistencia.
- Como el reglamento se retrasaba, la Acadèmia aprobó -casi de
tapadillo- un complemento para que Figueres alcanzara los ingresos de
consellera.